Los estándares internacionales anti corrupción promovidos por organismos internacionales (Naciones Unidas, Banco Mundial, OCDE, Transparencia Internacional, etc.) promueven la implantación de programas anti corrupción y anti fraude muy similares a lo que el Código Penal en España ha definido como modelos de organización y control que pueden conducir a la exención de la responsabilidad penal en la empresa.

Nos estamos encontrando con empresas europeas a las que les piden implantar estos programas anti corrupción y anti fraude como requisito para obtener financiación o participar en concursos internacionales. Por tanto, no es sólo por las legislaciones locales como el Código penal español o el italiano o las leyes de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, México o cualquier otro país en el que estemos presentes, sino también por la exigencia de los organismos y empresas internacionales por lo que es necesario contar con un “modelo de compliance” implantado.

¿Y qué supone que esté implantado un modelo de compliance penal? Que se haya definido formalmente y forme parte de la gestión de la empresa. Por ejemplo, que el código de conducta lo conozcan y apliquen todos los que se relacionan con la empresa, que existan y se utilicen los canales de comunicación de incumplimientos, que haya un control financiero adecuado para prevenir la corrupción, que exista una función específica que vela por el cumplimiento, que hay una monitorización de los riesgos y controles más importantes, …etc.

¿Y esto cómo se hace? Con tiempo, dedicación y voluntad.

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